SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
Sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación señalan, tras la reunión mantenida esta mañana con el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, después de la celebración de la Conferencia Sectorial de este miércoles, que el Ministerio "debe abanderar" cuestiones como la promoción y la titulación, publicando "una normativa de carácter básico que regule con claridad y concisión los criterios" a seguir,
toda vez que apoyan las medidas de "autonomía y flexibilidad" a los centros y a los propios docentes.
Así, en declaraciones a Europa Press, la presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, ha señalado que en la respuesta del Ministerio de Educación planteada este miércoles en la Conferencia Sectorial hay tres aspectos fundamentales con los que coinciden, ya que "demandamos que no se otorgue el aprobado, que el curso finalice en junio y que la evaluación sea continua y tenga en consideración los resultados que ha obtenido el alumnado durante la primera y segunda evaluación".
Sin embargo, García señala que hay otra serie de cuestiones que el Ministerio "debe abanderar" tales como la promoción y la titulación. "No se puede otorgar esa responsabilidad a las comunidades ni a los equipos docentes, puesto que esto generaría unas diferencias tremendas entre las autonomías y además entre los mismos centros educativos", ha afirmado.
Por otra parte, "consideramos absolutamente prioritario que se pongan ya las miras en el horizonte del curso 2020-21", ha manifestado García, que ha afirmado que apuestan "por la puerta en práctica de un plan de choque que venga a redoblar esfuerzos para que se permita abordar ese desfase curricular, que inevitablemente esta situación del Covid-19 está generando en este final de curso".
"Es necesaria una planificación de actuaciones y recursos personales para acometer con solvencia una atención a la diversidad real y individualizada del alumnado, y apoyo y refuerzo educativo", ha manifestado, para añadir que las plantillas "se tienen que ver incrementadas para subsanar estos desfases". Además, agrega, sobre si se debe avanzar o no en contenido, que "es mejor reforzar lo ya trabajado hasta el momento".
"EL PROFESORADO REQUIERE CERTEZAS"
En este sentido, García finaliza señalando que el profesorado "requiere certezas", para lo cual "demandamos unas directrices claras sobre cómo se debe proceder", y afirma que se han puesto a disposición de la Consejería para trabajar junto a ella en un documento que recoja cómo terminar este curso escolar, con cuestiones clarificadoras en cuanto a evaluación, objetivos y qué criterios se deben priorizar".
Por su parte, desde ANPE consideran que al margen de la amplitud que tenga el acuerdo final con las comunidades autónomas, el Ministerio "ha de ejercer una función de liderazgo", publicando una normativa de carácter básico que "regule con claridad y concisión la actividad lectiva no presencial y los criterios de promoción y titulación del alumnado, para no crear discriminaciones territoriales que afecten al principio de igualdad de oportunidades".
Por ello, el presidente de ANPE-Andalucía, Francisco Padilla, explica, en declaraciones a Europa Press, que han solicitado al consejero de Educación que posponga la publicación de las instrucciones sobre el tercer trimestre del curso, inicialmente prevista para principios de la próxima semana, en tanto no exista una normativa básica dictada por el Ministerio.
Además, Padilla ha defendido que la evaluación "debe ser flexible pero también rigurosa y objetiva", entra otras cosas porque "se ha trabajado presencialmente durante dos tercios del curso y hay elementos perfectamente objetivos que permiten al profesorado tomar decisiones sobre la evaluación y promoción de sus alumnos".
"A nuestro juicio, debe tomarse como elemento fundamental lo trabajado en las clases presenciales y como referencia positiva el trabajo realizado a distancia durante el periodo de confinamiento. Rechazamos en cambio toda idea de promoción generalizada que socave el principio de autonomía de los centros y la libertad de cátedra del profesorado", señala.
Desde Ustea señalan, a través de un comunicado, que han defendido el criterio general de que sea el equipo docente "quien tenga la última palabra" sobre cualquier asunto del proceso de enseñanza-aprendizaje, y por tanto "apoyamos todas las medidas de flexibilización en cuanto al desarrollo curricular, a la evaluación, promoción y titulación del alumnado, contempladas en el documento base de los acuerdos".
Por otra parte, el sindicato llama la atención sobre la "imprudencia" de contemplar una vuelta a los centros docentes en este escenario de "incertidumbre" y, sobre un plan de refuerzo estival, plantean un escenario donde, una vez recuperadas las garantías sanitarias, se puedan realizar actividades en los centros durante el verano, desprovistas de todo carácter académico reglado.
En cuanto al inicio del próximo curso, defiende un estudio y diagnóstico de la situación actualizada en septiembre, cuya información "sirva para elaborar los planes de refuerzo y recuperación que se estimen convenientes", además de "un esfuerzo suplementario" en personal docente y recursos materiales.
Desde CCOO saludan que la Conferencia Sectorial haya asumido propuestas como la de no prolongar el curso más allá del calendario previsto (junio), y que la repetición de curso sea contemplada como una medida extraordinaria, en una situación excepcional, "respetándose en cualquier caso la autonomía y la libertad en el ejercicio de la profesión docente, tal y como venimos exigiendo desde este sindicato".
En relación con la hipotética apertura de los centros educativos en julio, para CCOO, según expone en un comunicado, debe quedar claro que ha de ser una medida "pensada para el encuentro social y afectivo del alumnado, y debe tener como objetivo las actividades culturales, de ocio y de tiempo libre, complementarias de las educativas, sin carácter lectivo y desarrolladas por el personal adecuado, ajeno al centro".
"EL APROBADO GENERAL DEVALÚA LA LABOR DE LOS DOCENTES"
Por último, la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía se ha pronunciado en un comunicado a favor de dar "autonomía y flexibilidad" a los centros y a los propios docentes, "puesto que son estos los que conocen a su alumnado y, por tanto, deben establecer si se avanza o no en materia; si dicho alumnado necesita medidas de atención a la diversidad para poder llevar a cabo una enseñanza 'online'; e, igualmente, cómo establecer la evaluación de los mismos".
Además, se manifestaron "en contra del aprobado general, puesto que esto supone devaluar la labor que los docentes están realizando desde el pasado 16 de marzo" y también "en contra de un plan de refuerzo estival porque las condiciones climáticas, en nuestra comunidad, merecen que todos los centros educativos cuenten con climatización, y esto a día de hoy no es una realidad, y porque un plan de refuerzo durante 15 días en el mes de julio, con profesorado que no conoce a ese alumnado, significa menospreciar la labor que los docentes han llevado a cabo durante nueve meses".